Si la via al país de Barack Obama fue un claro espaldarazo al giro de 180° que produjo el gobierno de Mauricio Macri en la política exterior, los anuncios de proyectos por US$ 2300 millones que compañías estadounidenses pondrán en marcha en los próximos 18 meses (más otros en carpeta por US$ 13.800 millones hasta 2019) marcaron el fin del virtual bloqueo que el kirchnerismo había autoimpuesto a la inversión externa en los últimos años.

El cambio del clima de negocios (un concepto que Axel Kicillof tachaba de “horrible”) fue evidente en estos días. Tanto la coiva que acompañó al mandatario estadounidense como la concurrencia que desbordó el salón principal de La Rural durante el encuentro que la Amcham organizó en coincidencia con la via fueron una señal elocuente del punto de inflexión en la relación bilateral, que ya había tenido su primer capítulo en la cumbre de Davos y esta semana sumará otro si el Senado aprueba (como se espera) la ley para dejar atrás el default parcial de la deuda y reabrir el acceso al financiamiento externo.

Aunque el comercio entre los dos países se debió en los últimos años (y cerró 2015 con un défi superior a US$ 4200 millones para la Argentina), la llave de esta nueva etapa viene de la mano de inversiones en asociación con empresas locales. El embajador Martín Lousteau lo explicó en pocas palabras. La Argentina debe revalorizar su imagen, dijo, no tanto en sus íconos tradicionales, sino como productor de conocimiento en biotecnología, energías no convencionales, industria sateal, cultural, software y exportación de servicios de alto valor agregado. No obstante, consideró que hay margen para aumentar la exigua participación de 1% en las importaciones agroindustriales del país del Norte. En la misma línea, el ministro Francisco Cabrera apuntó que el interés en la inversión de grandes compañías globales reside en que generan pymes proveedoras, muchas de las cuales pueden transformarse en proveedores de cadenas de valor globales.

El défi de infraestructura que dejó como herencia la era K también fue presentado como una oportunidad para la participación privada. En este caso, en la forma de planes oficiales para realizar el transporte ferroviario de cargas (4400 millones de dólares en el período 2016/19); modernización de 14 aeropuertos (900 millones); redes de Metrobus en el AMBA (600 millones); pasos bajo nivel y viaductos (500 millones); Red de Expresos Regionales (2000 millones); soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (3000 millones), y seguridad ferroviaria (1500 millones).

Los proyectos anunciados para 2016/17 por compañías estadounidenses abarcan varios sectores. Entre ellos, industria automotriz (Ford y GM), higiene y tocador (Procter) y agroindustria (Tabacal). También GE prevé invertir en generación eléctrica y Dow firmó un acuerdo con la estatal rionegrina Invap para instalar un parque eólico de 60 MW en esa provincia.

Precisamente, un área clave dentro del interés inversor de los EE.UU. son las energías renovables (solar, eólica, geotérmica y biomasa), que en la Argentina representan apenas 2,2% del consumo eléctrico, una proporción cinco veces más baja que en Chile y Brasil, pese a su mayor potencial de recursos naturales. En el encuentro de Amcham, el economista Dante Sica explicó que ahora son la opción más eficiente para resolver la crisis eléctrica. Por un lado, porque combinan costos más compeivos debido al avance tecnológico, tiempos relativamente cortos de instalación (un año y medio) y ahorro de divisas. Por otro, porque generan más empleos, cumplen con las exigencias ambientales y peren una localización terorial que beneficia tanto al NOA, el NEA y la región cordillerana en energía solar como a la Patagonia en eólica (con vientos que peren un factor de carga de los más altos del mundo). Como condiciones para aumentar la participación de energías renovables (ER) en la matriz energética (66% corresponde a hidrocarburos) ó el acceso al financiamiento a tasas razonables, el marco regulatorio y la previsibilidad macroeconómica.

Macri ya anunció para abril el lanzamiento de las liaciones internacionales en el marco de la denominada ley Guinle (27.191), sancionada con el voto unánime del Congreso en octubre de 2015. Esta ley reemplazó a otra que preveía para 2016 una participación de 8% de ER y no alcanzó a agregar 1%, por lo cual trasladó ese objetivo a 2017 (que se considera muy difícil de cumplir) y fijó un 20% para 2025, que según el ministro de Energía implicará agregar 10.000 MW de potencia instalada. Para ponerla en vigor deberá dictarse el decreto reglamentario, que Juan José Aranguren prometió para esta semana. Una incóga son los parámetros para adjudicar los proyectos, con una fórmula que incluiría precios, plazos de instalación y porcentajes de integración local; en este caso, impulsados por beneficios fiscales. Los contratos serían a 15 o 20 años y podrán pactarse entre generadores y consumidores privados. Otra es qué ocurrirá con el puñado de proyectos de ER aprobados desde 2010 a través de resoluciones que ahora Energía decidió dejar en suspenso en nombre de la transparencia y la competencia, y que en algunos casos ya están listos para ponerse en marcha.

La nueva ley obliga a los grandes usuarios a incorporar progresivamente de 8% a 20% de su consumo en ER, al igual que a los residenciales (a través de las distribuidoras) y, en caso de incumplimiento, establece cargos equivalentes al costo de la energía importada. Con ellos se alimentará un fondo (Foder) para financiamiento y garantía de proyectos, que sería caalizado inicialmente por el Estado con $ 12.000 millones y administración del BICE; pero ahora ese aporte podría ser reemplazado por financiación externa. El costo financiero es clave: en el sector se estima que por cada punto menos de tasa de interés, el costo por kilovatio hora (kwh) puede reducirse en US$ 10. Con la reapertura del créo externo, los precios podrían oscilar en alrededor de US$ 110 por kwh para proyectos solares o eólicos.

Aun así, las urgencias siguen prevaleciendo en el sector. Sin ir más lejos, Energía acaba de convocar a la presentación de ofertas para adjudicar pequeñas centrales térmicas de no menos de 40 MW en distintos puntos del país, con el propóo de cubrir los picos de demanda en los próximos dos veranos (2016/17 y 2017/18) y el invierno de 2017, con precios fijados en dólares y prioridad de pago de la energía entregada.

LA NACION

Economía

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1882933-el-amigo-americano